Una reforma... ¿educativa?

Colaboración para Radiosofía.

16 de febrero de 2013.

            En días pasados el Congreso de la Unión hizo acuse de recibo de la llamada reforma educativa por parte de las legislaturas de una mayoría de los estados de la federación. De acuerdo con el procedimiento del Constituyente Permanente, eso implica que dicha reforma ha sido aprobada por completo, y tan solo hace falta que el presidente de la república la publique en el Diario Oficial para que se le considere plenamente vigente. Pero, a pesar del nombre que sus propios impulsores y los medios de comunicación le han dado, ¿puede decirse realmente que se trata de una reforma educativa?

            Veamos con cierto detalle. La reforma consiste en lo siguiente: se adiciona la fracción III del artículo 3º de la Constitución para indicar que el ingreso al servicio docente y a los cargos de dirección y supervisión para los niveles básico y medio superior dependerá de concursos de oposición; además, se añade una fracción IX que describe las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e indica la manera en que se designarán los miembros de su Junta de Gobierno. Por otra parte, se adiciona la fracción XXV del artículo 73 para colocar bajo la potestad del Congreso de la Unión la supervisión de la educación que imparte el Estado, así como la promoción de su mejora continua. En un país en el que el sindicato de profesores llegó a convertirse en el factótum de las políticas educativas, que el Estado determine quién ha de estar en las aulas mediante concursos de oposición y que sea el poder legislativo quien supervise y promueva el cumplimiento de los fines de la educación parece una buena noticia. Sin embargo, no es posible compartir el optimismo que parece embargar a los diferentes actores políticos.

            Desde luego, y en primer lugar, no tenemos buenas razones para suponer que el poder de la lideresa vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo, sufra merma significativa: pesa sobre la reforma la sospecha de que algún oscuro acuerdo entre ella y el actual gobierno garantizará que tras el maquillaje de la reforma se mantenga el viejo aparato del poder corporativo –incluso puesto de nuevo al servicio del Partido Revolucionario Institucional. Pero a esta desconfianza política debe añadirse un juicio sereno sobre los alcances de la reforma en cuestión: como puede apreciarse en el texto de la misma, ella se concentra en la manera en que los profesores y profesoras han de ser contratados y evaluados por el Estado. No hay en el texto de la propuesta que ha sido ya aprobada una sola palabra sustantiva que indique el rumbo que ha de tomar la educación de este país, más allá de expresiones retóricas sin contenido definido.

            Es decir: la presunta reforma educativa del gobierno de Peña Nieto en realidad debe considerarse como una suerte de complemento para la reforma laboral aprobada todavía en tiempos de Felipe Calderón. Se trata del complemento que regula las contrataciones de docentes y su permanencia en el servicio, pero no puede decirse que sea mucho más que eso. Es comprensible el forcejeo entre el sindicato magisterial y las nuevas autoridades, pues los mecanismos de contratación son en buena medida la base del poder corporativo concentrado en las manos de la maestra Elba Esther. Pero es de llamar la atención que ese forcejeo no tenga nada que ver con los contenidos de la educación, los planes y programas, y menos todavía con los fines que deben perseguirse en la acción del estado en este sensible terreno.

            Esto significa, en pocas palabras, que el desastre educativo puede seguir su curso pernicioso en un nuevo ambiente laboral. Nada se hará por mejorar la formación de los niños, niñas y jóvenes en lo que concierne a la adquisición de los instrumentos que les permitirían convertirse en dueños de la cultura y la sociedad y no ya en sus simples reproductores. Y del pensamiento crítico que la filosofía podría aportar en esos niveles iniciales de la educación, ni siquiera cabe hablar.